Fte: diesl.com

Hace apenas un mes, ha entrado en vigor la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, incluyendo algunas novedades en materia de contenidos y de publicidad. También es una ley que reconoce la existencia de las emisoras comunitarias, entidades sin animo de lucro concebidas como un medio de expresión de la ciudadanía y de apoyo a colectivos sociales desfavorecidos. Pero, después de reconocerlas las ahoga imponiendo unos límites presupuestarios que impiden su desarrollo al tiempo que las condena a la marginalidad.

De todas las novedades que esta nueva ley introduce, nos centramos en los aspectos relativos al tercer sector de la comunicación. No sólo hay medios públicos y privados, también existen los medios sociales y comunitarios, organizados y gestionados por los ciudadanos y con la premisa básica de carecer de ánimo de lucro. Iniciativas nacidas del esfuerzo, del sacrificio y también de los recursos de los ciudadanos aportados de manera voluntaria. Se reconoce la existencia de este tipo de medios (artículo 4), pero al tiempo los ahoga limitando su presupuesto anual de gastos. En el caso de las emisoras de radio, el límite de gastos fijado es de 50.000 euros anuales (artículo 32). ¿Cómo se puede llevar adelante un proyecto serio, con 24 horas diarias de programación, pagando electricidad, teléfono, un local, a la SGAE y a un mínimo de trabajadores? No se reclaman ayudas y subvenciones públicas, cada medio trabaja y busca soluciones para conseguir sus propios recursos, únicamente se pide que la ley no ahogue las ilusiones de muchas personas involucradas en este mundo y se pueda ejercer el derecho constitucional a la libertad de información (artículo 20 CE).

Fuente: Urban Radio

La ley es un ejercicio más de política de salón y de alejamiento de las necesidades y requerimientos de la sociedad. ¿Sabe alguno de los legisladores que han redactado la ley cómo funciona un medio comunitario y cuáles son sus necesidades? A pesar de haber estado casi 6 años redactando la ley, no han profundizado en la repercusión social y en el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de información. Una vez más, nos preguntamos al servicio de quién está la política. Estos medios libres y comunitarios son una situación incómoda en un mercado concesional, sujeto al arbitrio y los intereses de la clase política que reparte las licencias a grupos afines en un marco de intereses económicos y publicitarios que pretende ahogar todas estas iniciativas sociales. Es quizá por eso, por lo que se pretende condenarlos a la marginalidad y a que no tengan repercusión alguna. Sin embargo, a pesar de la dejadez institucional, son muchas las emisoras de radio que siguen adelante, cargadas de la ilusión de miles de colaboradores que participan, a través de un programa de radio, en la construcción del tejido social de barrios y distritos, que articulan la vida social, cultural y vecinal de las ciudades de nuestro país y concretamente de Madrid. Un ejemplo de lucha y de constancia en que se deberían reflejar muchos políticos mediocres que detrás de palabras estériles esconden una inoperante capacidad para estar cerca de la sensibilidad de la población.

Habrá que seguir luchando por la existencia y pervivencia de estos medios, que son el reflejo de una sociedad que está viva y reacciona, de grupos de ciudadanos que creen en sus derechos y están dispuestos a ejercerlos.

Texto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual

Más información en la URCM (Unión de Radios Comunitarias de Madrid)

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